Resumen: El Juzgado de lo penal condena al acusado como autor de un delito de robo con violencia en casa habitada de menor entidad, en grado de tentativa, y como autor de un delito leve de lesiones, a la pena de 12 meses de prisión por el delito, y a la pena de multa por el delito leve. La representación procesal del acusado interpone recurso de apelación alegando error en la valoración de la prueba para constituir válida prueba de cargo susceptible de enervar sección de inocencia. Solicita la revocación de la sentencia y la libre absolución
La audiencia Provincial desestima el recurso de apelación y confirmar la sentencia.
Resumen: El delito de maltrato habitual supone la ejecución de actos de violencia física o psíquica perpetrados de forma asidua sobre sujetos comprendidos en el ámbito familiar o cuasifamiliar, con los que se convive o concurre una vinculación personal persistente. Actos que, desde una perspectiva de conjunto, generan una situación de dominio o de poder sobre la víctima que menoscaba su dignidad. Para ello no es exigible una exacta y detallada concreción de hechos, si ello concurre estos hechos se penarán separadamente. Declaración de la víctima como prueba de cargo, esencial en determinados delitos por el componente personalista que presentan y los espacios de intimidad en que se suelen perpetrar. Valoración de los testigos de referencia para corroborar ese testimonio. Trastorno límite de la personalidad como circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal. Atenuante de dilaciones indebidas. Plazo razonable. La cláusula de exención de responsabilidad penal en delitos de violencia sexual precisa de dos exigencias, de un lado, que se acredite en el menor una madurez o grado de desarrollo que se ajuste al voluntario consentimiento de su sexualidad en el modo en que se desarrolló en los hechos sujetos a enjuiciamiento, y de otro, que el adulto interviniente presente una edad y un grado de madurez próximos a su pareja sexual.
Resumen: Presunción de inocencia que, como derecho fundamental no cabe considerarlo vulnerado cuando existe una mínima actividad probaría de cargo que desvirtué el citado principio. Declaración de la víctima. Requisitos en su valoración para ser considerada prueba de cargo válida para desvirtuar la presunción de inocencia, si bien esos parámetros no constituyen requisitos de aceptación de manera que la falta de alguno de ellos conduzca necesariamente al rechazo de la declaración como prueba de cargo. La persistencia en la incriminación no significa una exactitud milimétrica, y menos aún a quien narra un hecho violento del que ha sido víctima, ello contradice la mínima racionalidad que debe exigirse en el análisis crítico de un testimonio. Declaraciones de otros testigos que corroboran la versión de la víctima.
Resumen: Es requisito ineludible para que pueda adoptarse una orden de protección que, junto con la existencia de indicios de criminalidad, concurra una situación objetiva de riesgo, de tal suerte que la orden sea necesaria parar proteger a la víctima. La adopción de este tipo de medidas supone la afectación de derechos fundamentales de la persona a la que se imponen, por lo que la resolución adoptándolas requiere cumplir el deber general de motivación y ponderar su adecuación para conjurar los riesgos que con ella se quieren evitar, lo que exige un análisis específico del fumus boni iuris y también que el riesgo que corre la víctima sea grave y puede evitarse con el alejamiento, resultando con ello la medida proporcional. La medida cautelar de alejamiento es una medida restrictiva de la libertad de circulación como derecho fundamental y por ello la adopción de la misma está sujeta a los requisitos generales de legitimidad constitucional. La inicial denegación de una orden de protección no es impedimento para que, de producirse algún hecho nuevo que lo justifique, pueda solicitarse del Juzgado nuevamente la adopción de esta medida.
Resumen: El Juzgado de lo penal condena al acusado como autor de un delito de robo con violencia intimidación en las personas de escasa entidad, del artículo 242 del código Penal a la pena de dos años de prisión, y como autor de un delito de lesiones del artículo 147.1 del código Penal a la pena de seis meses de prisión. La representación procesal del acusado interpone recurso de apelación alegando error en la valoración de la prueba y vulneración del principio de presunción de inocencia, solicitando la revocación de la sentencia y la libre absolución.
La audiencia Provincial desestima el recurso de apelación, confirma la sentencia y concluye que no cabe apreciar error valorativo, ni infracción de precepto penal alguno.
Resumen: No es el acusado a quien corresponde demostrar que es inocente frente a la acusación que contra él se formula, sino que es a quien la mantiene a quien compete acreditar la imputación mediante las correspondientes pruebas, practicadas con validez jurídica y que puedan objetivamente reputarse como pruebas de cargo. La declaración de la víctima es prueba útil para desvirtuar la presunción de inocencia siempre que guarde los parámetros jurisprudencialmente desarrollados. Prueba testifical que corrobora esa declaración de la víctima que está sometida al principio de inmediación judicial que recae de una forma prominente en el juzgador de instancia. Elemento subjetivo del delito de amenazas. Hay expresiones que por su solo contenido ya revelan el carácter intimidatorio con el que se pronuncian, aunque lo sea en el transcurso de una discusión subida de tono.
Resumen: La vigencia del bien jurídico protegido en el delito de quebrantamiento de pena o medida cautelar no queda enervada o empañada por el consentimiento de la mujer, ya que es el principio de autoridad el que se ofende con ese delito. Cierto que tal medida se acuerda por razones de seguridad en beneficio de la mujer, para la protección de su vida e integridad corporal, que tampoco son bienes jurídicos disponibles por parte de aquélla, pero en cualquier caso no es el bien jurídico que directamente protege el precepto. La suspensión de la pena impuesta por este delito ha de ir acompañada necesariamente de las prohibiciones de acercamiento y comunicación con la víctima porque así lo dispone preceptivamente el CP, siendo irrelevante que la víctima desee o no que se adopten esas medidas.
Resumen: La Audiencia confirma la sentencia que condenó al acusado como autor de un delito de robo con violencia en establecimiento abierto al público y con uso de medio peligroso y un delito de lesiones. Presunción de inocencia y error en la valoración de la prueba personal. Libertad valorativa del órgano judicial a la hora de dar preferencia a un testimonio sobre otro. Valor como prueba de cargo de la declaración de la víctima. La atenuante de drogadicción simple y muy cualificada.
Resumen: El principio de proporcionalidad que exige ponderar los intereses en conflicto. Por una parte, el interés del Estado en que el proceso penal sea el cauce apropiado para la tutela de los bienes jurídicos protegidos en las normas penales y, de otra parte ,los intereses (económicos ,personales etc.) de los implicados en la causa o inclusive de terceros que puedan verse afectados por la adopción de la medida. Víctima especialmente vulnerable, (padece una grave enfermedad y va en silla de ruedas), lo la hace, si cabe, más necesitada de una mayor tutela o protección, al elevar el riesgo de reiteración ante la menor oportunidad de defensa o reacción que concurre en la víctima. Se reduce la distancia de prohibición de acercamiento al ir la víctima a vivir a una residencia sita en otra localidad.
Resumen: Se analiza la agravante de alevosía y de la ruptura del título de imputación en supuestos de coautoría, motivo por el cual el TSJ absolvió del delito de tentativa de asesinato a dos de los coautores y mantuvo la condena por un delito de lesiones con instrumento peligro. Dos de los agresores, por tanto, responden como autores de un delito de lesiones consumadas y un tercero es condenado como responsable de un delito de asesinato. Desistimiento: no concurre.
